Disposición 362/2026: nuevo registro público de infractores (RENAI) y su impacto en las empresas.
La implementación del RENAI introduce mayor transparencia en materia de consumo y suma un componente reputacional a las sanciones, con implicancias directas para las empresas.
La Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial ha reglamentado, mediante la Disposición 362/2026, la implementación del Registro Nacional de Infractores (RENAI). Esta medida representa un cambio de paradigma en la fiscalización comercial en Argentina, centralizando las sanciones administrativas en una base de datos de acceso público.
Puntos clave de la reglamentación
Alcance Normativo: El registro consolidará infracciones vinculadas a la Ley 24.240 (Defensa del Consumidor), el Decreto 274/2019 (Lealtad Comercial) y la Ley 19.511 (Metrología Legal).
Transparencia de Datos: Se publicará información crítica que incluye la razón social del proveedor, CUIT, número de expediente sancionatorio, tipificación de la infracción y el monto de la multa aplicada.
Federalismo y Cooperación: Se ha extendido una invitación a provincias y municipios para integrar sus regímenes sancionatorios locales, con el objetivo de convertir al RENAI en un historial unificado de incumplimientos a nivel nacional.
Más allá de la sanción pecuniaria, la vigencia de esta disposición —efectiva desde su publicación en el Boletín Oficial— introduce un factor de riesgo adicional para las compañías: el riesgo reputacional. Al tratarse de un registro público, la información estará disponible de manera irrestricta para consumidores, medios de comunicación y competidores.
Este impacto puede ser particularmente relevante en sectores con alta exposición al consumidor, como servicios financieros, retail, e-commerce, telecomunicaciones o turismo, donde la reputación y la confianza son activos críticos.
La Disposición 362/2026 se encuentra vigente desde el 5 de marzo de 2026, fecha de su publicación en el Boletín Oficial, conforme lo establece expresamente la propia norma.
Implicancias para el sector empresarial
El mensaje regulatorio es inequívoco. Las sanciones ya no se limitan a un costo financiero derivado de la multa; ahora conllevan una exposición pública que exige un robustecimiento de las políticas de cumplimiento y atención al cliente.
En este contexto, la gestión de reclamos y la prevención de contingencias adquieren una dimensión estratégica, no solo por su impacto legal, sino también por su potencial efecto en la reputación y posicionamiento de las compañías.
