En sintonía con los objetivos de simplificación y desburocratizacion de trámites administrativos propuestos por el Gobierno Nacional, destacamos el recientemente promulgado Decreto 172/2019, complementado por la Resolución 30/2019, referido al Sistema de Gestión Documental Electrónica.

El Ministerio de Modernización, hoy Secretaria de Modernización Administrativa, ha impulsado en los últimos años la eficacia jurídica de los documentos electrónicos, la firma electrónica y digital, determinando sus alcances y promoviendo su utilización en los diversos trámites, expedientes, comunicaciones oficiales, notificaciones, entre otros, otorgándole idéntica efectividad y valor probatorio que sus equivalentes en papel u otros soportes que se utilicen. 

En ese marco es que nos hemos familiarizado con la plataforma Sistema de Gestión Documental Electrónica para llevar a cabo diversos trámites ante organismos públicos y entes descentralizados del ámbito nacional. 

Recientemente, mediante el decreto antes mencionado, se decidió la implementación de este sistema para llevar adelante las legalizaciones estipuladas en la “Convención Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros” adoptada por la Conferencia de La Haya aplicable a los documentos públicos que hayan sido extendidos en el territorio del Estado contratante y que deban ser presentados en el territorio de otro Estado contratante, y para las demás legalizaciones con fines de reconocimiento internacional.  

En ese sentido, el decreto hace expresa la vigencia de la Apostilla Electrónica para legalizar los documentos públicos generados o reproducidos en soporte electrónico, digitalizados y admitidos como originales según la legislación nacional vigente, y su obligatoriedad a partir del 15 de abril de 2019.

La noticia se presenta como audaz y a priori reflejaría esta alineación con el mundo que descarta el papel en pos de la evolución digital, al tiempo que reduciría los tiempos y costos de estos trámites. Esperamos en lo sucesivo su implementación para poder verificar en la práctica los beneficios y avances que se proponen.